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La Minga Muralista del Pueblo Nasa es un proceso de memoria, paz y resistencia liderado por el Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad CECIDIC y el Proyecto Nasa que articula los resguardos de Toribio, San Francisco y Tacueyó en el norte del departamento del Cauca.

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ALBA MERY RIVERA PACHON

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AMBITO DE FAMILIA, COORDINADOR CABILDO ETNOEDUCATIVO.

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AMBITO DE FAMILIA, COORDINADORA FAMILIA

JAIME DIAZ NOSCUE

REPRESENTANTE LEGAL PLAN DE VIDA PROYECTO NASA

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emisora

MARCO HISTÓRICO DEL PUEBLO NASA

Contacto

Sobre el origen del pueblo nasa  hay quienes sostienen que pertenece a la familia caribe y, por lo tanto, está emparentado con los pijaos del valle del Magdalena, mientras que otros estudiosos del tema sugieren que proviene de las selvas amazónicas. En cualquier caso, para el siglo XII los nasa ya estaban en Tierradentro, en la vertiente oriental de la Cordillera Central, en un triángulo conformado por los contrafuertes orientales de dicha cordillera y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará, al oriente, y La Plata y Páez, al sur.  Su poblamiento disperso fue calculado en 10.000 habitantes, que compartían territorio con los pijaos, los yalcones y los guanacas, aliados militares y económicos.

A medida que la colonización avanzaba hacia Tierradentro, los nasa fortalecían sus relaciones con gente integrada a los cacicazgos guambianos y coconucos: ambalós, tunías, coconucos, guambías, polindaras, puracés, totorós, guanacos, chisguiós, palacés, colazas, guamazas, guachiconos, malvazás, piendamoes, sotaraes y uzendas, además de otros pueblos del sur del valle y el occidente huilense.

Esta confederación sumaba más de cien mil indígenas, con una dinámica actividad comercial, política y militar, además de una sólida base agrícola. Para ese entonces, los encargados militares fueron el cacique Payán, con jurisdicción sobre la planicie de la vertiente occidental, y el cacique Calambás, sobre las montañas orientales. Así mismo, para la época también se destacaron los caciques Avirama, Páez y Suin.

El avance de la colonización europea en la región del Cauca es consecuencia de las campañas españolas para la sujeción del Tawantinsuyo -imperio Inca-, en las que Sebastián de Belalcázar apoya a Pizarro. De regreso, Belalcázar escucha de El Dorado, por lo que se apoya en Pedro de Añasco y Juan de Ampudia para recorrer parte de la Cordillera Oriental en 1535. Se dirigen hacia Sibundoy, luego al Patía y finalmente se encaminan hacia el norte hasta encontrarse con la planicie de Popayán.

En 1536, Belalcázar funda Cali y Popayán, en su cruce por la cordillera por la vía Paletará y La Plata hasta llegar a la región de Neiva, en donde encuentra una fuerte resistencia indígena. Durante este recorrido, los españoles atravesaban el territorio nasa sin ningún contratiempo.  El primer contacto directo de los nasa con los españoles se produce con Pedro de Añasco en la fundación de Timaná en 1538.

Timaná era dominada por los yalcones y apiramá; para los españoles esta fundación era estratégica para asegurar la ruta de comunicación entre los valles del Alto Magdalena y Alto Cauca, y como pueblo de avanzada contra los nasa y pijaos, del norte, y contra las tribus de la Alta Amazonía, hacia el oriente. La belicosidad y su sentido de independencia llamaron la atención de los cronistas de la época. Además del hecho de que su organización social no obedecía a un fuerte cacicazgo ni a una clase social dominante.

GUERRAS

Pero los nasa, con la fundación de Timaná, dejan ver su descontento al enterarse cómo los españoles comienzan a repartir sus tierras y los indígenas en encomiendas. Pedro de Añazco reúne a la comunidad, caciques y líderes para explicar las obligaciones y tributos que estaban ahora obligados a cumplir con sus encomenderos. Un joven indígena no acude al llamado, por lo que es apresado y llevado contra su voluntad ante el español quien, a pesar de las advertencias hechas por sus mismos compañeros, decide quemar vivo a quien fuera el hijo de la cacica Gaitana. Iniciándose así a lo que María Teresa Findji y José María Rojas llaman las “tres guerras contra los paeces”.

La primera guerra surge en el momento del asesinato del hijo de La Gaitana y va hasta la batalla del peñón del Tálaga en 1541, con la derrota de Sebastián de Belalcázar. La fundación de San Vicente de los Paeces prende la segunda guerra, hasta la destrucción de este poblado en 1571, en donde cae el capitán Domingo Lozano. La tercera guerra la inicia Juan de Borja, enviado por la Corona española para exterminar a los indios belicosos, que son vencidos hacia 1623 en la batalla del valle de Maná.

A pesar de la campaña de exterminio que profesaban muchos españoles, se encargó a la iglesia la pacificación de los indios. La Real Audiencia de Santa Fe encarga a la gobernación de Neiva pacificar la región para conquistar a los nasa con misioneros en lugar de militares, transformación que es entendida como el paso de la conquista a la colonia, no para destruir a los indígenas, sino para someterlos e integrarlos. Esta estrategia ideológica surtió efecto, al someter al complejo guambiano-coconuco a principios del siglo XVII. Igualmente, se fundan las misiones evangelizadoras en Tierradentro (1579) y Toribío (1582).  Las muertes ocasionadas en los enfrentamientos y la división que paulatinamente sembró la iglesia católica entre la población indígena, fueron debilitando las alianzas indígenas, a pesar de sus victorias.

NUEVOS CACIQUES Y ALIANZAS NASA CON LOS ESPAÑOLES

Cada derrota indígena implicaba pérdida de territorio, el reemplazo de las autoridades indígenas por burocracia civil, militar y religiosa, así como la imposición del monoteísmo sobre las religiosidades indígenas. En el campo productivo, se introducen nuevos cultivos como el trigo, el arroz, la avena, la caña, el café, frutas y hortalizas; se introduce también la producción ganadera de equinos, bovinos, porcinos, caprinos y aves. Así la corona española, a medida que se apropiaba de los territorios indígenas, imponía su sistema político, social, ideológico y económico.

Entre tanto, los nasa siguieron dando la batalla; frecuentemente atacaban Popayán y Caloto, este último debió ser fundado cinco veces. Pero hacia la segunda mitad del siglo XVII se cambió de estrategia: ante la posibilidad de ser exterminados , los Nasa dejaron de guerrear contra los españoles y comenzaron a adoptar instituciones españolas, pero dando presencia al contenido de su cultura. Entraron en los templos católicos y adoptaron nombres cristianos, y a cambio fueron recuperando algo de autonomía económica y política.

Una nueva generación de nasa enfrenta al poder colonial con renovadas formas de pervivencia. González Piñeros interpreta esta nueva etapa nasa de la siguiente manera: “El fin político de los nasa era el reconocimiento de su autonomía territorial por parte de la corona española, atendiendo que la salvaguarda de su espacio geográfico es fundamental para garantizar el desenvolvimiento de su cultura”.  Con esto se consolidan dos importantes instituciones para el devenir histórico de la comunidad: el cacicazgo y el resguardo.

En este contexto aparece lo que diferentes autores llaman los “nuevos caciques”, quienes aprenden español y la legislación de indias como herramientas para retomar autonomía. Angelina Guyumús, Juan Tama de la Estrella, el cacique Calambás, el cacique Manuel de Quilo y Ciclos fueron fundamentales en este periodo de consolidación del territorio tradicional nasa.

En especial se destaca Juan Tama, que luego de largas batallas jurídicas y como mediador en la crisis por la supervivencia de los nasa al persuadir a su gente para hacer ciertas concesiones, el 8 de marzo de 1700 logra que la Real Audiencia de Quito le otorgue la documentación y el reconocimiento a la comunidad nasa como propietaria de los territorios de Jambaló, Quichaya, Pitayó, Pueblo Nuevo y Caldono.

De igual manera, el 1 de abril de 1701, el cacique Manuel de Quilo y Ciclos logra la entrega de los títulos del territorio de su área de jurisdicción, comprendida por Toribío, Tacueyó y San Francisco. Pero estas dádivas no eran gratis: a cambio de los resguardos, los nasa debían aceptar el pago de tributo a la Corona española y la realización de trabajos que no necesariamente revertían beneficios comunitarios.

Se inicia de esta manera un proceso de consolidación de los grandes cacicazgos nasa: el cacicazgo de Pitayó, que comprende los territorios de los cinco títulos de Juan Tama y colinda por el norte con el gran cacicazgo de Tacueyó, en el que se encuentra lo que hoy se conoce como Tacueyó, Toribío y San Francisco; por el occidente con el cacicazgo de Vitoncó; por el sur con las tierras del pueblo guambiano; y por el occidente el cerro Munchique, en donde hoy queda el resguardo conocido como Munchique los Tigres, y la zona de Tierradentro bajo la organización del cacique Wilas.

Pero mientras que los territorios nasa eran reconocidos por la Corona española, los herederos de encomenderos, mineros y terratenientes no admitían el derecho indígena, lo que motiva la activa participación de nasas en las luchas de independencia. Así, persisten dos lógicas en conflicto: para los descendientes de los conquistadores los indios no tiene derecho, tienen que desaparecer de la faz del mundo; para los nasa, hay que combatir el coloniaje siempre.

RESGUARDOS INDÍGENAS

La presencia española en América implicó adecuaciones institucionales en la corona para regular sus relaciones con los pueblos originarios. Durante la conquista, el orden social de los pueblos indígenas se quebró, lo que implicó para España desarrollar un cuerpo de normas para orientar la sociedad en adelante.

El ajuste se inició con los repartimientos de indios entre los españoles-colonos, constituyéndose así la fuerza de trabajo indígena como el primer botín en las épocas iniciales de la colonización.

Los excesos en los malos tratos hacia los indígenas y la falta de control por parte de autoridades españolas fueron una de las causas principales de la rápida disminución de la población indígena.

Como una medida para contrarrestar aquello, hacia 1538 se establecieron las encomiendas, en las que se hacía entrega de tierras e indios a los conquistadores con el objeto fundamental de la creación de poblados como focos de consumo de los artículos de la economía española, para desarrollar la producción en zonas mineras, para impedir el crecimiento agrícola de productos de producción española, para la evangelización y, como fuente de ingresos por cobro de impuestos. El tributo que los indios pagaban a sus encomenderos servía no solo para sustentarlos, sino también para mantener allegados o clientes que realzaban su prestigio y poder.

Pero la cura fue peor que la enfermedad. Sobre los encomenderos no había control ninguno y las normas que se promulgaban en España de protección al indígena no eran acatadas en el continente americano. “Cuando se repartieron por primera vez las encomiendas en el Nuevo Reino, cada comunidad podía tener fácilmente más de cien familias. Al finalizar el siglo XVII, muy pocas conservaban más de veinte”.  Esta figura fue abolida finalmente en 1718.

Entre tanto, toma fuerza la figura del resguardo, ya legislada desde 1561 , y como una figura que además de “proteger” a los indígenas, le daría continuidad a la recolección del tributo. En este contexto se establecen los primeros resguardos en 1596.

Con la declaración de resguardo se asigna tierra, según la tradición indígena de propiedad, a un grupo de indígenas con tres fines fundamentales: impedir la mezcla de españoles con indígenas, mantener a disposición la mano de obra indígena y garantizar su tributación, que debía entrar a las arcas reales.

La distribución de las tierras se hacía en cabeza del cacique, quien tenía a su vez la función de controlar el trabajo de los indios y percibir los tributos. Como administrador de los bienes de la corona en el resguardo, el cacique tenía ciertas prerrogativas: a) se le permitía el uso de una tierra para él, b) se le dispensaba el título de Don, c) tenía licencia para consumir productos de España solo destinados a los blancos, d) podía vestir a la castellana, y e) gozaba de los mismos honores otorgados a los altos empleados españoles. Este tipo de sobornos se extendió posteriormente a lo largo de la vida política.

A cada indio tributario se le asignaba, en usufructo y no en propiedad, una porción de tierra para que se estableciera allí con su familia y la labrara. La corona tenía la potestad de trasladar pueblos enteros, ya fuera para aumentar los tributos o para debilitar la unidad indígena. La producción agrícola tenía un tope en los productos para el consumo alimenticio de la población, origen de la economía familiar que aún subsiste.

LA HACIENDA

A medida que los indígenas iban perdiendo batallas, los colonizadores europeos se iban apropiando de sus tierras. Los de mayor rango se convirtieron de esta manera en terratenientes fundadores de haciendas coloniales, orientadas fundamentalmente a la producción para la comercialización regional. Desde la hacienda se forjó no solo un poder económico, sino también político y social sobre la clientela que la poblaba. 

Los indígenas se veían cada vez más presionados por el atraso en el pago de sus tributos, por lo que se fueron refugiando en las haciendas en busca de la protección de un terrateniente poderoso. Pero su estadía en la hacienda se hacía a cambio de obligarse a hacer trabajos agrícolas, sin recibir salario o recibir el mínimo. A esto es lo que se ha llamado el concertaje, lo que más tarde se configura como terraje, en el que el indígena debía pagar con trabajo gratuito dentro de la hacienda el derecho a vivir y usufructuar una pequeña parcela, ubicada generalmente en las mismas tierras que les fueran arrebatadas. 

Durante las luchas de independencia la hacienda colonial entró en decadencia, bien sea porque sus dueños debieron abandonar el país o porque se ubicaban en regiones donde la guerra fue permanente. Otras lograron defenderse del conflicto o lo superaron, manteniendo su vocación productiva hasta bien avanzado el siglo XIX.

LOS INDÍGENAS EN LA INDEPENDENCIA

La congregación forzada de los indígenas en pueblos regidos por el cura, el cacique, el cabildo y el corregidor, y dotados de resguardos o tierras de la comunidad, se constituyó en el soporte económico del sistema colonial, y también en el origen de nuevas identidades e intereses étnicos tutelados por la monarquía, y garantizados por las Leyes de Indias.

La época de la independencia se enfrenta a la disyuntiva de escoger entre sus opresores criollos, que acaudillaban la revolución, y una monarquía paternalista que había producido una profusa legislación en su favor. La alternativa que ofrecían los promotores de la independencia solo generaba incertidumbre, ya que, con el argumento de la igualdad ciudadana, estos habían promovido la abolición de los resguardos, los cabildos y los pueblos indios, encubierta con la supresión del tributo indígena.

Sin embargo, al igual que el resto de los sectores subordinados de la sociedad colonial, los indígenas no tuvieron la posibilidad de expresar sus simpatías políticas; a cambio fueron forzados por la imposición de los ejércitos combatientes a respaldarlos sin importar sus reales intereses. Así aparecen en la historia indígenas tanto realistas como patriotas.

Entre los realistas se destacan varios indígenas. El cacique Mamatoco, en la costa atlántica, que es nombrado por el gobierno español en 1816 como capitán de los reales ejércitos. En Pasto, entre 1809 y hasta 1823, con el apoyo de los 21 pueblos de indios que moraban alrededor de la ciudad, se constituyó el bastión realista más obstinado. Y dando muestras de una lealtad y una capacidad de combate y resistencia a toda prueba, aun después de la caída de Guayaquil y Quito en manos de los ejércitos republicanos, en 1823 los pastusos, comandados por Agustín Agualongo, tuvieron los arrestos suficientes para encarar a Bolívar en Ibarra, y al coronel Tomás Cipriano de Mosquera en Barbacoas. Es decir, que cuando ya todo en Nuevo Reino de Granada y la Presidencia de Quito estaban en manos de los patriotas, en Pasto seguía tremolando la bandera española y el rey Fernando seguía siendo proclamado como “El Deseado”, como lo menciona el historiador Jairo Ramos.

Por su parte, siguiendo igualmente a Ramos, los nasa de Tierradentro jugaron un papel muy destacado en las luchas emancipadoras del lado patriota: “La reconocida beligerancia de estos indios y la localización de su pueblo en la vía de paso de las tropas patriotas hacia el sur, llevó a que sus hombres fueran reclutados como soldados en importante número, y que incluso algunos de ellos alcanzaran alguna prestancia, como el coronel Agustín Calambás, quien al mando de los suyos fue apresado y fusilado por los realistas en Pitayó, en medio de la campaña de reconquista. Igualmente destacada fue la participación de los paeces en otros hechos de guerra como la toma de Inzá en 1811, o las batallas del Bajo Palacé y Alto Palacé, Calibío, Río Palo, Cuchilla del Tambo y Pitayó”.

INDEPENDENCIA SIN REVOLUCIÓN

El tránsito a la vida republicana no significó mayores cambios para el grueso de la población colombiana. Algunos españoles salieron, pero los espacios que dejaron fueron cubiertos inmediatamente por una gran cantidad de criollos ansiosos de asumir poder. Las estructuras económicas se mantuvieron, la tenencia de la tierra solo cambio de manos de españoles a las de los criollos que siempre estuvieron en las élites del poder, la estratificación social se mantuvo y los sectores poblacionales como los indígenas y los afrodescendientes siguieron siendo relegados y discriminados.

Como lo describe Juan Pablo Muñoz , “La situación de las tierras de resguardo al momento de producirse la independencia está caracterizada por una acérrima defensa en la que venían empeñados los pueblos indígenas al hacer frente a la campaña de disolución, que se había iniciado hacía la segunda mitad del siglo XVIII. La extinción de gran cantidad de resguardos en este período de más de medio siglo fue uno de los motivos decisivos que permitieran la consolidación de las primeras grandes acumulaciones de tierra en la naciente república”.

Adicionalmente, con la independencia no se produjo un rompimiento con las prácticas y estructuras coloniales. La religión no perdió su protagonismo en la sociedad y el Estado, del mismo modo que la esclavitud y la servidumbre permanecieron en la economía, a pesar de que habían desaparecido en las leyes.

LOS RESGUARDOS EN LA REPÚBLICA NACIENTE

En materia de tierras indígenas, la vida republicana entre los siglos XIX y finales del XX se caracteriza por la falta de una línea clara y continua en las políticas estatales que orientara su manejo, producto de la fuerte conexión entre las prácticas y políticas de raigambre colonial y las nuevas de origen liberal.

En 1820 se ordena la restitución de las tierras usurpadas a la población indígena; al año siguiente se reafirma la prohibición de emplear indígenas sin pagarles un salario y se determina conservar el oficio de protector de naturales. Sin embargo, esta misma ley ordena repartir las tierras de resguardo en pleno dominio y propiedad privada a los indígenas. Luego, en 1850 se autoriza a las cámaras de provincia para “arreglar la medida, repartimiento, adjudicación y libre enajenación de los resguardos de los indígenas, pudiendo, en consecuencia, autorizar a éstos para disponer de sus propiedades del mismo modo y por los propios títulos que los demás granadinos”.

La Ley 25 de 1824 señala por primera vez que se respetarán todas las propiedades indígenas. Sin embargo, posteriormente esta medida es regulada en numerosas oportunidades con el ánimo de disolver los resguardos o evitar el reconocimiento de la propiedad indígena sobre sus territorios.

Con la aparición de los movimientos sociales indígenas, se obligó a que el Estado tuviese un cierto posicionamiento normativo e institucional. En lo que los nasa y demás indígenas del Cauca cumplieron un papel fundamental, gracias a su histórica lucha por mantener sus territorios, y oponerse férreamente al repartimiento de las tierras.

LA ENTRADA AL SIGLO XX

La situación de las tierras de resguardo al momento de producirse la independencia está caracterizada por una acérrima defensa en la que venían empeñados los pueblos indígenas al hacer frente a la campaña de disolución, que se había iniciado hacía la segunda mitad del siglo XVIII. La extinción de gran cantidad de resguardos en este período de más de medio siglo fue uno de los motivos decisivos que permitieron la consolidación de las primeras grandes acumulaciones de tierra en la naciente república.

El comienzo del siglo XX se caracteriza por la colonización de tierras baldías. La colonización antioqueña se adentra en territorios del sur, con peones trabajadores de tierras ocupadas por los antioqueños y terratenientes.

Una política de colonización que responde a la demanda europea de productos primarios y a la consolidación del café como producto de exportación. Los países comienzan a especializar su producción, dentro del marco de la división internacional del trabajo, en la que Colombia destina tierras entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar para la producción cafetera. Se inicia la concentración de la población, dando origen a la hacienda cafetera, una nueva estructura agraria. En la zona de Toribío se comienza a cultivar café a comienzos de la década de los años 30.

Las tierras indígenas son consideradas baldías, dando inicio a una rapiña entre quienes pretenden su escrituración, acompasada de la permanente invasión de población que busca acomodarse en las zonas próximas a los centros de mercado.

Los colonos son recibidos en las haciendas para el trabajo de desmonte y siembra de matas de café. A cambio de su trabajo, se les permite cultivar algunos frutos en su parcela, pero al cabo de unos cuatro o cinco años, cuando el café está en producción, el colono es obligado a abandonar su parcela para radicarse en los límites de la hacienda para reiniciar el desmonte y la siembra de café.

Cada hacienda cafetera está conformada por el dueño, el mayordomo, peones asalariados y arrendatarios. Los peones asalariados corresponden a trabajadores sin tierra contratados a diario, mientras que los arrendatarios son colonos venidos de áreas de emigración en busca de tierras y trabajo, y a quienes los dueños de las haciendas les arriendan un pedazo de tierra enmontada, con la obligación de trabajar en la hacienda dos semanas al mes, obligación que en las zonas indígenas se conoció como terraje. Los arrendatarios ocupaban peones o familiares para el trabajo de sus tierras.

La hacienda se constituyó como un centro de poder político, económico, social y eclesial. En el Cauca, el dominio lo tenían los hacendados grandes y medianos, que basaron su subsistencia y riqueza en el producto de sus latifundios con el trabajo de los terrajeros indígenas.

A pesar de que para los años 30 en el resto del país ya había desaparecido esa herencia colonial de las haciendas, que funcionaron bajo el sistema de servidumbre, en el Cauca se mantuvo hasta la década de los 70. Casi todo el Cauca era hacienda, desde donde, en asocio con la iglesia, se ordenaba el trabajo, la política, la movilidad de la gente. La gente tenía dueño de su trabajo y de su espíritu.

La política en el Cauca se basaba en el gamonalismo. El gamonal tenía la tierra, controlaba el comercio del café, manejaba el crédito y esclavizaba terrajero, que pagaban arriendo y cuyo voto era controlado.

A comienzos del siglo XX, en el Cauca se inició la formación de haciendas ganaderas en las zonas frías, y con la contribución de la producción cafetera al país, aumentó rápidamente la cantidad de propietarios, a costa de la venta de tierras de resguardos, apoyada desde la Ley 55 de 1905, en zonas donde existía un alto porcentaje de población indígena. Así, muchos resguardos se debilitan, son invadidos, e incluso varios desaparecen.

LUCHA NASA POR LA TIERRA. MANUEL QUINTÍN LAME CHANTRE

Es este contexto el que marca un nuevo momento de las luchas indígenas por la tierra. En 1910 el cacique Manuel Quintín Lame Chantre, con el conocimiento de la Ley 89 de 1890 , empieza a defender las tierras de resguardo: busca títulos, lucha contra el terraje, envía memoriales a las autoridades regionales y concientiza a la comunidad. Promueve el no pago del terraje y la protesta indígena se prende, los hacendados agresores inician una fuerte represión con la intención de calmar los ánimos de los levantados.

Se empieza a planear la toma del Cauca, Huila y Tolima para reivindicar la identidad del pueblo nasa, hechos conocidos como La Quintiniada. En 1914 Quintín Lame realiza una toma pacífica en Paniquitá; en 1915 prepara un levantamiento general de los indígenas del Cauca para establecer el “gobierno chiquito de los indígenas”, pero es descubierto y detenido. Se defiende jurídicamente a sí mismo y logra su libertad a los nueve meses. En Guanacas idea un plan para recuperar Tierradentro y expulsar a los terratenientes blancos, pero vuelve a ser encarcelado, hasta que en 1921 logra salir de la cárcel.

Ante la debilidad de las luchas indígenas del Cauca, Quintín Lame se traslada al Tolima, en donde se encuentra con Eutiquio Timoté y José Gonzalo Sánchez, quienes en 1916 habían organizado el Consejo Supremo de Indias para proteger las tierras de los resguardos de Ortega, Chaparral, Coyaima y Natagaima, y defender los derechos indígenas. En medio de estas luchas territoriales, Manuel Quintín Lame Chantre es contactado por los impulsores del Partido Comunista en Colombia, María Cano e Ignacio Torres Giraldo.

EL CONTEXTO NACIONAL

Mientras tanto, en el ámbito nacional, las luchas de los sectores populares empiezan a tener fuerza en los años 1920. Las luchas obreras jalonan las de los sectores indígenas y campesinos, generando así importantes coordinaciones. En este ambiente se crea la Confederación Obrera Nacional, cuyo vicepresidente fue Manuel Quintín Lame.

A nivel mundial, estalla la crisis económica de 1929, que se traduce en la parálisis de la economía nacional. Aumenta el desempleo en las ciudades y se inicia una nueva migración hacia el campo, originando conflictos entre estos nuevos colonos y propietarios. Los trabajadores de las haciendas aprovechan la agitación en busca de mejores condiciones de vida y mejor remuneración en su trabajo.

Con el desprestigio del régimen conservador, a causa de la masacre de las bananeras en 1928, la hegemonía conservadora pierde el poder en 1930 y da paso al gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera. En este mismo año se constituye el Partido Comunista, que a su vez y con el apoyo del Partido Liberal, conforma la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la cual enfila sus esfuerzos en buscar afiliar trabajadores, campesinos e indígenas. Se organizan las Ligas Campesinas, impulsadas por el Partido Comunista con el beneplácito del Gobierno de López Pumarejo, desde donde organizan la lucha agraria el movimiento indígena y campesino del Cauca.

Los conflictos rurales de los años 30 y 31 estuvieron relacionados con tres aspectos fundamentales:

-              El trabajo en las haciendas, donde los campesinos reclamaban el derecho a cultivar café en sus parcelas, que no era permitido por los terratenientes.

-              El cuestionamiento por parte de los campesinos de la validez de los títulos de propiedad de los terratenientes ausentes, para lo que recibieron apoyo del abogado Jorge Eliécer Gaitán.

-              Los conflictos en regiones indígenas del sur del Tolima, norte del Cauca y Sierra Nevada de Santa Marta.

Bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo, en 1936 se expide la Ley 200 o Ley de tierras, que dice que las tierras no cultivadas deben pasar a manos del Estado. Esta ley, producida por la presión de los sectores populares y de su alianza con los liberales, animó las luchas agrarias, pero no produjo el efecto deseado. También en la ley se establecía un plazo de diez años para que los terratenientes pudieran poner a producir sus tierras y las registraran. Pero el efecto fue contrario: varios hacendados registraron escrituras que antes no tenían, asegurándolas ante los aparceros que las reclamaban.

Luego de López Pumarejo asume la presidencia el liberal Eduardo Santos, que inicia una época de contrarreforma para tratar de frenar los avances alcanzados por el movimiento popular.

En los años 40 toman fuerza los partidos políticos sobre los movimientos sociales. Jorge Eliécer Gaitán, conocido ya en el ámbito nacional por su denuncia de la matanza de las bananeras en los años 1928 y 1929, decide lanzarse a la vida pública con una imagen favorable entre los sectores populares. En 1945 asume el poder el Partido Conservador con Mariano Ospina Pérez, desatando una nueva época de violencia en el país. En respuesta a ello, entre 1946 y 1948, Jorge Eliécer Gaitán organiza una campaña cívica en contra de la violencia auspiciada por Ospina Pérez. Jorge Eliécer Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948, estallando la violencia bipartidista, que se apodera del país dejando estancadas las conquistas sociales y políticas que habían logrado los sectores populares.

En la década de los 50 la violencia predominó, el movimiento social fue reprimido y desaparecieron las organizaciones sociales. Lo único que sobrevive es la organización armada con las guerrillas liberales, al tiempo que empiezan a surgir los comunistas.

Así, en el año 1953 se inicia la recuperación de tierras con la finca Nissan, en la vereda de López de Tacueyó; al mismo tiempo los Nasa están enfrentados con los chulavitas. Es en estos momentos en que aparecen en el Cauca los “pájaros”, asesinos pagados por los terratenientes y en connivencia con los organismos de seguridad estatal, encargados de asesinar liberales, y de paso indígenas.

En 1955 se empieza a escuchar que en el Tolima estaban asentadas las guerrillas liberales. Es así como en 1956 un grupo de nasas van al Tolima en búsqueda de ayuda para contrarrestar las agresiones que cometían los chulavitas y los pájaros. Las guerrillas liberales hacen seguimiento a los pájaros y, verificando lo que afirmaban los indígenas, proceden a quemarlos en un lugar llamado Santo Domingo, en el resguardo de Tacueyó.

Mientras tanto, la clase dominante, que apoyaba las ideas liberales, ahora estaba más cerca de los conservadores, como estrategia para adueñarse de más tierras. En esta época los indígenas del país perdieron muchas de sus tierras que ya estaban aseguradas; en el norte del Cauca desaparecieron cabildos como el de Caldono, Miranda, Munchique, lo que además implicó pérdida de tierras.

Para la década de los años 60 las organizaciones sociales toman un nuevo aire, aunque vienen muy debilitadas por la fuerte represión de los años anteriores. En esta misma época, el gobierno ofrece programas de desmovilización y rehabilitación a la guerrilla liberal.

Paralelamente, con el triunfo de la revolución cubana en 1959, se comienzan a organizar las primeras guerrillas revolucionarias de Colombia: FARC, ELN y EPL. En los años 1961 y 1962 surge el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), dirigido por Alfonso López Michelsen e integrado por liberales y comunistas. Desde allí se propone la entrega de tierra gratuita a los campesinos en los sitios donde viven y trabajan, la liquidación del latifundismo, el fomento del cooperativismo, la activa participación de las organizaciones campesinas en los organismos de reforma, el crédito fácil y barato, la apertura de nuevos mercados y la generalización de la escuela rural de cinco años.

En el Cauca, sectores populares e indígenas participan del MRL. A través de Gustavo Mejía, uno de sus militantes, se crean vínculos con el sector indígena, especialmente con dirigentes de Tacueyó. Relaciones que cambian notablemente con la llegada al poder de López Michelsen, al ser uno de los presidentes más represivos que ha tenido el país.

LA REFORMA AGRARIA

Este periodo, posterior a la violencia partidista, da lugar a una nueva propuesta de reforma agraria, promovida por el debate sobre la aplicación de la Ley 200 de 1936, la acumulación de tierras en manos de unos pocos y producto de la violencia, así como la presión de organismos internacionales (CEPAL, BIRF) para modernizar las inadecuadas estructuras agrarias existentes. Ello dio lugar a la aprobación de la Ley 135 de 1961, o Ley de reforma agraria, y la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).

En esta decisión influyó la presión de los Estados Unidos, como una medida frente a la revolución cubana y para evitar que el comunismo se tomara a Latinoamérica. En este contexto surge el concepto de subdesarrollo, para referirse a los países pobres, y a los cuales deben apoyar los países desarrollados mediante proyectos de desarrollo como una forma de alcanzar el progreso; así surge la Alianza para el Progreso. Mientras que en los años 60 los sectores populares hablan de revolución, los demás sectores hablan de progreso y de reformas, como medida para contrarrestar la posibilidad de revolución.

Ya para los años 60 se ha creado la Federación Agraria Nacional (FANAL), impulsada desde la doctrina social de la iglesia, patrocinada en el Cauca por Monseñor Vivas. En este periodo las recuperaciones de tierra se dieron de manera fuerte en el sur del departamento del Atlántico.

En el Cauca FANAL llegó a los municipios de Silvia y Jambaló, en donde no hubo recuperación de tierras pero sí apoyo a la organización campesina. Una de las primeras experiencias de la FANAL de recuperaciones con indígenas se dio en la Cooperativa de Las Delicias. Es de destacar que Trino Morales y Francisco Gembuel, posteriores líderes del CRIC, estuvieron vinculados a FANAL. Trino Morales fue, incluso, el primer presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La doctrina del progreso influyó en el fomento de las cooperativas, convirtiéndose en un nuevo núcleo de organización en las comunidades, desde donde defendían sus intereses económicos. La gente se asocia a la cooperativa mediante aportes y las decisiones se toman entre los socios aportantes; pero esta forma organizativa fue una manera de restarle autoridad al cabildo, pues este carecía de autoridad sobre las cooperativas.

En esta década, la idea de recuperar tierras no era tan fuerte entre los indígenas. Una mayoría se inclinaba por comprar las tierras, mientras que unos pocos afirmaban que esas eran parte de resguardo. La Caja Agraria -con influencia conservadora- apoyó la compra de tierras mediante préstamos, y para pagar el préstamo se constituyeron cooperativas para garantizar conjuntamente el pago de la deuda, como se hizo en la hacienda San Fernando de Guambía, sin contar mayormente con el cabildo. Las cooperativas de Las Delicias y Zumbico crearon el Sindicato del Oriente Caucano. Posteriormente los jóvenes líderes, como Trino Morales, se dan cuenta de que el problema de la tierra estaba ligado al cabildo.

En un comienzo, la reforma agraria de 1961 se queda como letra muerta, hasta el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), quien la impulsó con la convicción de que los campesinos eran la herramienta que permitiría quitarles fuerza a los terratenientes.

En 1968 se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), desde donde se dictan normas sobre los aparceros y arrendatarios (terrajeros, en el Cauca). Un impulso que vino desde el gobierno que, junto con sectores capitalistas, consideraba que los terratenientes estaban obstaculizando el desarrollo y el progreso. Este ambiente contribuyó a la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en tanto que los terratenientes no tenían tanto respaldo del gobierno de este momento. Aunque a nivel nacional la dominación era básicamente de los capitalistas, en el Cauca los terratenientes seguían utilizando su poder en el departamento para contrarrestar y perseguir las organizaciones campesinas.

En el Cauca se trabajaba desde la ANUC, en el oriente, y con el Frente Social Agrario (FRESAGRO), en el norte, especialmente en Corinto. Varios sectores indígenas participaron de la ANUC; Trino Morales fue su presidente en Silvia y Francisco Gembuel en Jambaló.

A principios de la década de los años 70, llegaron a Corinto varias personas no indígenas interesadas en apoyar la reforma en el campo. Así se conforma un equipo de trabajo para el Norte del Cauca, en donde estaban Gustavo Mejía, Gabriel Soler, Pablo Tatay y otros indígenas (Cristóbal Secue, Álvaro Valencia, Héctor Cuchillo o Avelino Ul, entre otros).

En los inicios de los procesos la recuperación de tierra fue planteada por los movimientos sociales de afrodescendientes, campesinos e indígenas. Los afros desistieron rápidamente, los campesinos respondieron parcialmente, y solo los indígenas lograron mantener las recuperaciones de tierra con gran dinámica y valor, a pesar de que muchos fueron a la cárcel.

EL CRIC, PRIMERA ORGANIZACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA.

En el inicio de la década de los 70, los indígenas del Cauca sufren la explotación económica, política y cultural.

Los resguardos estaban invadidos por colonos y terratenientes. La mano de obra indígena estaba controlada en las haciendas por medio del terraje y el jornaleo, con deudas que no era posible pagar por su dependencia del patrón, quien además recurría a toda clase de trampas para hacerse con las tierras indígenas.

Los partidos tradicionales liberal y conservador estaban fortalecidos, en cabeza de los terratenientes, quienes manejaban a su antojo los cabildos indígenas, carentes entonces de autoridad. Los resguardos del municipio de Toribío se encontraban divididos por políticas e ideologías foráneas. Tacueyó era liberal, Toribío conservador y San Francisco con especial influencia del Partido Comunista.

La condición de indígena era característica que avergonzaba a la gente, por lo que muchos veían la opción de blanquearse como camino para ser reconocidos como personas. Aunque la mayoría de los nasa hablaban fundamentalmente su idioma, en esta época era un problema por ser una condición que aprovechaban los terratenientes para engañarlos.

En el marco de estas luchas agrarias, acompañado por funcionarios del INCORA y líderes campesinos, el 24 de febrero de 1971 surge el Consejo Regional  Indígena del Cauca (CRIC) en una reunión que se realiza en el territorio de Toribío, Resguardo de Tacueyó, vereda La Susana, producto de un proceso que ya se venía gestando desde Corinto, y al que asisten cabildos del norte y oriente del Cauca, el Sindicato de Agricultores del Oriente Caucano -ligado a FANAL-, el Comité de Recuperación de Tierras de Silvia y la Federación Social Agraria de Corinto. Ya desde antes de la conformación del CRIC se realizaban recuperaciones de tierras en el Credo, Tacueyó -hoy Huellas Caloto-, y el Chimán, en Silvia. Seis meses después se constituye de forma definitiva, con un comité ejecutivo y un programa de siete puntos:

  1. Recuperar las tierras de los resguardos.
  2. Ampliar los resguardos.
  3. Fortalecer los cabildos.
  4. Dejar de pagar los terrajes.
  5. Defender la legislación indígena.
  6. Defender las lenguas indígenas y las costumbres.
  7. Alfabetizar con estas lenguas con profesores indígenas.

LUCHAS POR LA RECUPERACIÓN DE TIERRA PARA EL RESGUARDO

Aunque el CRIC se vinculó a la ANUC, pronto se distanció de ella para mantener su autonomía y sus fines propios. El naciente movimiento indígena deja en claro que, a pesar que la tierra es su eje fundamental, son los resguardos su objetivo en las recuperaciones, y para ello cumple una función central el cabildo como eje cohesionador cultural.

En esta época se comienza a hacer diferencia entre los que invaden y los que recuperan: invaden los campesinos blancos o negros, pero los indígenas recuperan sus tierras ancestrales. Las tierras recuperadas eran revertidas al resguardo, como parte de la tradición y ajustadas a su propia forma de gobierno, el cabildo. Nadie es propietario de la tierra, el propietario es el resguardo; el cabildo administra el territorio, distribuye las tierras.

Se tomó la decisión de recuperar a la manera indígena, con base en la Ley 89. La comunidad se convenció de que tiene derecho a la tierra del resguardo, no porque el INCORA lo avale o porque el notario expida una escritura, sino porque este es un derecho de preexistencia.

Los resguardos de Jambaló, San Francisco, Toribío y Tacueyó eran los únicos en el norte del Cauca que habían logrado mantener los cabildos y que no habían sucumbido a la empresa colonizadora de finales del siglo XIX y principios del XX, aunque allí sí se había incrustado la economía de la hacienda, reduciendo enormemente su territorio y sometiendo a su gente.

 REAPARECE LA REPRESIÓN

Sin embargo, las orientaciones del CRIC y sus recuperaciones de tierra despertaron una fuerte represión (encarcelamientos y asesinatos) por parte de los hacendados y políticos del Cauca. En 1979, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el CRIC fue acusado de tener conexiones con las guerrillas de las FARC y del M-19, encarcelando a sus principales dirigentes.

En esta época el gobierno nacional, a través del INCORA, prestaba un apoyo importante para avanzar en la recuperación de tierras, lo que generó el descontento de los terratenientes caucanos ostentadores del poder político.

Los terratenientes, sin posibilidades de recurrir al poder regional y nacional para mantener los latifundios, comenzaron a organizar a los pájaros  para combatir a las comunidades y sus líderes, que impulsaban las recuperaciones de tierra. La policía y el ejército cumplieron un papel central en los hechos de violencia que arremetieron contra los recuperadores de tierras de esa época, al no ejercer ninguna acción para controlar el accionar de los sicarios al servicio de los terratenientes.

El gobierno de Misael Pastrana (1970-1974) inicia el desmonte de la reforma agraria con el Pacto de Chicoral de 1972, al que dan continuidad los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978) y Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Este golpe a la reforma agraria se basó en dos frentes de acciones: la modificación de la legislación agraria en 1973 mediante la expedición de las leyes cuarta y quinta; y el debilitamiento de la presión de los campesinos reunidos en torno a la ANUC, así como de los grupos armados. La ANUC se dividió en la línea Armenia, que seguía los lineamientos del Ministerio de Agricultura, y la llamada línea Sincelejo, que mantenía la posición radical campesina; sin embargo, esta última organización se fue diluyendo hasta perder su fuerza.

El gobierno de López Michelsen nombró a Cornelio Reyes, un reconocido promotor de la violencia en el Valle, que ordenó acabar con el CRIC y los dirigentes indígenas, como Ministro de Gobierno. En esa época son asesinados Gustavo Mejía, el padre Pedro León Rodríguez y Ernesto Güetia en el resguardo de San Francisco, dando inicio a una ola de violencia y asesinatos de dirigentes indígenas.

El punto mayor de la represión se presentó durante el gobierno de Turbay Ayala, que estableció el Estatuto de Seguridad Nacional como marco legal para la persecución de los movimientos populares, tratados como subversivos. Turbay Ayala intentó acabar con la Ley 89 de 1890 y encarceló a toda la dirigencia del CRIC. El movimiento indígena reaccionó con la creación de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) en 1982.

LOS INDÍGENAS RESPONDEN CON ORGANIZACIÓN

Como ya se ha dejado ver, los terratenientes y comerciantes controlaban las tiendas donde se proveían los indígenas de los productos básicos. Ante el avance de las recuperaciones de tierras, estos optan por ejercer una especie de bloqueo económico al incrementar los costos o negarse a vender sus productos a los indios. Y nuevamente los indígenas responden con la creación de cooperativas y tiendas comunitarias para abastecerse.

Adicionalmente surge el interés entre miembros de las comunidades por acceder a la capacitación. Así aparecen las primeras escuelas bilingües acompañadas por el CRIC, al tiempo que varios líderes viajan a Sutatenza (Boyacá) a capacitarse como líderes campesinos. Cuando regresan conforman un grupo liderado por Guillermo Tenorio, en donde están Marcos Yule, Alcides Méndez, Celio Escué, Cristóbal Secue y Gabriel Velasco, entre otros, con el objetivo de promover la formación y capacitación para un nuevo liderazgo en función del proceso organizativo indígena.

AUTONOMÍA EN MEDIO DE ALIANZAS

Una característica de la lucha indígena es que ha sido un movimiento de tipo social apoyado por diferentes organizaciones políticas. En los años 30 contó con el acompañamiento del Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista. Más tarde se tiene el apoyo de la ANUC, organizada inicialmente por el gobierno y luego intervenida por los grupos insurgentes. Las FARC ya existían cuando se creó el CRIC; llegan a la parte alta de Tacueyó, Miranda y Corinto, provenientes del Tolima, aunque sin mayor relación con el movimiento social. La mayoría de estas organizaciones solidarias han tratado de controlar y manejar el movimiento social, aunque sin mayores logros.

Los dirigentes del CRIC al inicio no tuvieron recato con el apoyo de las organizaciones políticas. En Toribío y San Francisco influyó el Partido Comunista, en la época en que Avelino Ul fue el principal dirigente en esta zona. Pero se rebelan al darse cuenta de que este partido y las FARC querían manejar el movimiento indígena. La posición de autonomía ha sido una fortaleza del movimiento indígena; la búsqueda de alianzas de solidaridad en donde haya apoyos mutuos pero respetando las diferencias ha sido su manera de actuar.

EL PADRE ÁLVARO ULCUÉ CHOCUÉ

A finales de 1975 llega el administrador de la parroquia de Toribío y Tacueyó. Se trata del padre Álvaro Ulcué, quien inmediatamente hace una lectura crítica del extremo grado de explotación en que convive su gente nasa.

Su presencia marca el acontecer de un cambio de vida entre la población nasa de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, así como del  movimiento indígena del norte del Cauca. Se potencian las luchas indígenas, los cabildos se consolidan, aparece una nueva generación de dirigentes, se organiza la vida en el territorio recuperado y se elaboran proyectos para mejorar la vida en los territorios.

Álvaro Ulcué había nacido el 6 de julio de 1943 en Pueblo Nuevo, Caldono. Cursó los primeros cuatro años de primaria en la Escuela Mixta de Pueblo Nuevo, a cargo de las Hermanas Lauritas. Su primaria la terminó en Guadarrama, Antioquia, en un internado indígena administrado por las mismas religiosas. Luego ingresó al seminario de los Padres Redentorístas en Popayán; al cabo de cuatro años, y por problemas económicos, tuvo que abandonar el lugar para trasladarse a la costa atlántica, en donde trabajó como maestro en un internado de las Lauritas. Un año después regresó a Pueblo Nuevo para ingresar al seminario diocesano de Popayán, ayudado por las Lauritas y por el entonces arzobispo de Popayán. En Ibagué cursó Teología y se ordenó en Popayán como sacerdote el 10 de junio de 1973. En 1975 es constituido como vicario ecónomo de las parroquias de Toribío, Tacueyó y parte de Jambaló, luego de pasar por las parroquias de San Antonio de Padua, en Santander de Quilichao, y Bolívar y Caldono, en Cauca. En 1978 inicia estudios de Licenciatura en Antropología, en el Instituto de Antropología Aplicada a las Misiones  en Bogotá, afiliado a la Pontificia Universidad Bolivariana.

El Padre Álvaro Ulcué tuvo una fuerte influencia de la Teología de la Liberación, que aplicó a su preocupación constante por la situación indígena.

LAS HERMANAS LAURITAS

La Congregación de las Misioneras de la Madre Laura  es fundada el 14 de mayo de 1914. Catorce años después llega a Toribío el primer grupo de hermanas  para encargarse de labores pastorales y de la educación de los indígenas. A causa de las intrigas contra la comunidad religiosa, provenientes de políticos, terratenientes, colonos, y de descontentos dentro de la jerarquía católica colombiana, las hermanas fueron retiradas en tres ocasiones y solo hasta el 6 de octubre de 1943 regresaron. En mayo de 1947 se suspende la escuela que administraban, por lo que debieron salir nuevamente hasta su retorno en septiembre del mismo año con un nuevo grupo de misioneras , gracias al reclamo del párroco y de los resguardos indígenas. A partir de 1948 han estado a cargo de la Escuela Mixta de San Francisco.

MISIONEROS DE LA CONSOLATA

Los Misioneros de La Consolata  llegaron a Colombia en 1947 para responder a la escasez de clero en la arquidiócesis de Bogotá. Al Cauca llegaron por primera vez en 1981, a la misión de El Tambo, donde conocieron al padre Álvaro Ulcué, que los invitó a visitar las parroquias de Toribío, Tacueyó y Jambaló.

Luego del asesinato del padre Álvaro Ulcué -ocurrido el 10 de noviembre de 1984-, los Misioneros de La Consolata se responsabilizaron de acompañar a las comunidades de Toribío y Tacueyó, conjuntamente con las Hermanas Lauritas.

Oficialmente los Misioneros de La Consolata arriban a Toribío a comienzos de 1985 con el padre Armando Olaya . Cabe anotar que la capacitación de beneficiarios y la creación de tiendas y cooperativas comunitarias fueron promovidas por estos misioneros, de su experiencia de trabajo con campesinos de Tocaima, Cundinamarca.

EL EQUIPO MISIONERO Y EL PLAN DE VIDA NASA

Influido por la Teología de la Liberación, y con el fin de promover una evangelización inculturada y liberadora, el padre Álvaro Ulcué Chocué constituye en 1979 un equipo misionero  junto con las Hermanas Lauritas. Desde allí se asumió el proyecto indígena y se constituyó el Proyecto Nasa, con la consulta de las comunidades. Durante los dos primeros años se constituyó el Grupo de Animadores Indígenas, con el acompañamiento permanente del padre Álvaro Ulcué, las Hermanas Lauritas y los misioneros de la Consolata.

PRINCIPIOS

El propósito del equipo misionero fue la creación del reino de Dios hecho visible en una nueva comunidad: una comunidad unida, organizada, trabajadora, alegre, honrada, sana, capacitada, segura, autónoma, tecnificada, cristiana católica. Para el logro de este propósito, se recurrió a la capacitación de líderes propios para desempeños comunitarios.

Propósitos que fueron reafirmados y desarrollados por los participantes que dieron origen al Proyecto Nasa o Plan de Vida Comunitario, en la asamblea del Proyecto Nasa celebrada los días 29 y 30 de diciembre de 2010: “Una comunidad unida a través de los cabildos, por medio de orientaciones, reuniones, colaboración, inspecciones y castigos. Trabajadora a través de la comunidad, por medio de las mingas, cambio de mano, empresas comunitarias y tiendas veredales. Alegre a través de centros recreativos. Honrada a través del trabajo y formación del hogar. Capacitada a través de las escuelas, talleres y cursillos. Tecnificada a través de institutos. Sana a través de buena alimentación y centros de salud. Sin politiquería y sin ágapes. Segura a través de la guardia cívica. Cristianos católicos a través de evangelización y desmilitarización”.

LOS DELEGADOS DE LA PALABRA

Al tiempo que nace el equipo misionero se pone en marcha el movimiento y la organización de los Delegados de la Palabra, en marzo de 1979. El primero conformado por el Padre Álvaro Ulcué y hermanas Lauritas; el segundo, por agentes sociales, políticos y religiosos de los tres resguardos.

Esta figura de Delegados de la Palabra o animadores comunitarios tiene sus orígenes en Honduras, como un medio para suplir la escasez de sacerdotes en las zonas rurales, pero que luego amplió sus funciones a la evangelización, la animación y promoción comunitarias y el fomento del desarrollo integral comunitario.

En las parroquias de Toribío, Tacueyó y Jambaló tuvo como fin visitar todas las veredas, casa por casa, familia por familia, en donde el movimiento fue asumido en el proceso de creación y desarrollo del Proyecto Nasa, a través del programa de evangelización y en coordinación con los demás programas comunitarios, y con el apoyo del proyecto Marchemos Unidos (1979-1980). Con dicho proyecto se buscaba promover y formar a veinte líderes comunitarios como evangelizadores, promotores de salud y alfabetizadores, con el ánimo de asumir el desarrollo de sus comunidades. Se aprovechó la capacitación de líderes de la ACPO (Acción Cultural Popular) de Sutatenza (Boyacá). Con la creación del Proyecto Nasa, en 1980, los Delegados de la Palabra pasan a hacer parte del Proyecto Nasa.

El Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué

Parte de reconocer que los jóvenes son la mayor población de las comunidades, pero se encuentran desorientados y alejados de la comunidad y de los cabildos. En respuesta a esta situación, bajo la coordinación de las Hermanas Lauras, se conforma en 1980 el primer grupo de jóvenes indígenas de los tres resguardos del municipio de Toribío, con el fin de buscar un joven capacitado, concientizado y crítico.

Sin embargo, el movimiento no toma mucha fuerza hasta que en 1989, el equipo misionero, los Delegados de la Palabra y demás agentes comunitarios deciden impulsar esta iniciativa, que se expande por toda la zona norte del Cauca.

ASAMBLEAS, TALLERES Y COMITÉS

Se adoptaron las asambleas como espacios de análisis, reflexión y toma de decisiones; los talleres, para la formación y capacitación. Paulatinamente se fueron transformando en escuelas para la formación política y la conciencia espiritual, como estrategia para formar personas que asumieran el proceso. Los comités se crearon para la animación y la coordinación. Desde 1985 se realiza cada año la conmemoración de la muerte del padre Álvaro, con el Encuentro Cultural Álvaro Ulcué, como impulsor del primer plan de vida comunitario del norte del Cauca.

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  • Hace 36 años, del 8 al 12 de septiembre de 1980, nació "Proyecto Nasa", en la empresa comunitaria Santa Rita, Resguardo de San Francisco, Municipio de Toribío – Cauca.

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